Por Martin Khor

La cumbre sobre medio ambiente y desarrollo (conocida como Río+20) a celebrarse en junio en Río de Janeiro es el mayor evento de las Naciones Unidas este año. Está previsto que intervengan más de ciento veintisiete jefes de gobierno y la participación de todos los líderes políticos dependerá de si consideran que vale la pena. Es de esperar que sí, ya que el mundo enfrenta múltiples crisis.


Hay problemas ambientales, como el calentamiento global, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad, y problemas sociales, como la persistencia de la pobreza, la amplificación de la desigualdad y la pérdida de eficacia de medicamentos modernos debido a que las bacterias se vuelven inmunes a los antibióticos. Luego, por supuesto, están las crisis financieras y económicas y sus secuelas. Tenemos por delante un periodo de gran incertidumbre, con una recesión inevitable en países tanto desarrollados como en desarrollo.


Estas cuestiones forman parte del ámbito del desarrollo sustentable, que tiene tres pilares (social, económico y ambiental), así como la promesa de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo.


Del 19 al 27 de marzo, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se celebró una reunión conocida como negociaciones “informales informales” para elaborar un plan de acción que sea adoptado por la cumbre. El último borrador tiene más de doscientas páginas y aún debe continuarse trabajando para reducirlo hasta un diez o cinco por ciento de su extensión actual.

En una primera lectura, los temas claves que debe abordar la cumbre quedan claros, pero todos siguen siendo altamente debatidos, principalmente en líneas Norte-Sur.

En primer lugar está la cuestión divisoria de la “economía verde”. Los países en desarrollo están incómodos con este concepto, ya que puede significar cosas distintas para diferentes personas. Su temor es que este término, de ser aceptado demasiado genéricamente, pueda permitir que los temas ambientales sean utilizados como base para un proteccionismo comercial o la inclusión de nuevos condicionamientos a la hora de otorgar ayuda y préstamos.

El borrador actual contiene una propuesta según la cual la Organización Mundial del Comercio (OMC) debería cambiar sus normas a efectos de que los países puedan utilizar medidas comerciales sobre un producto en función de la forma en que es elaborado. En otras palabras, la contaminación o las emisiones que se provocan cuando se fabrica el producto pueden convertirse en la base de aranceles que se le aplicarían. Las normas actuales de la OMC no permiten esto, o por lo menos lo desestimulan.

Los países europeos quieren un mapa de ruta elaborado de la economía verde, con objetivos y metas, para que sea adoptado en la cumbre. Los países en desarrollo, por su parte, pretenden restringir el texto de la economía verde a principios amplios y acercarlo lo más posible al desarrollo sustentable.

El segundo tema importante está estrechamente relacionado con el primero. Los países han aceptado establecer “objetivos de desarrollo sostenible”, que en cierta forma sería una alternativa al mapa de ruta de la economía verde. Los países en desarrollo se sienten más cómodos con esto porque ya hay acuerdos en torno al desarrollo sustentable y sus tres pilares, así como la promesa de apoyo para ellos.

Los países desarrollados, por su parte, están ahora proclives a poner tantos objetivos de desarrollo sostenible como les sea posible e incluir objetivos, indicadores y metas con plazos mencionados en el texto de la cumbre. Están enfocados principalmente en objetivos ambientales, como lo referente al cambio climático, la utilización de los recursos y la contaminación.

Los países en desarrollo argumentan que también deben incluirse objetivos económicos y sociales, como el crecimiento económico sostenido, la erradicación de la pobreza y la reforma del sistema financiero mundial.

Como quedan menos de veinte días de negociación antes de la cumbre que tendrá lugar del 20 al 22 de junio, es poco probable que pueda alcanzarse un acuerdo sobre las cuestiones específicas de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que lo más probable es que la cumbre no se decida por los detalles y, en cambio, inicie un proceso de uno o dos años para que la Asamblea General de las Naciones Unidas formule los objetivos, indicadores y plazos para alcanzarlos.

Una tercera cuestión son las instituciones que seguirán después de la cumbre. Éste, en realidad, es el tema más importante, porque en última instancia una cumbre es tan buena como sus efectos a largo plazo.

Varios países están considerando establecer un nuevo Consejo para el Desarrollo Sostenible que funcione bajo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sería una versión mejorada de la actual Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, que todos coinciden es demasiado débil.

La actual Comisión se reúne sólo de dos a cuatro semanas al año, lo que resulta insuficiente para enfrentar las numerosas cuestiones sociales, económicas y ambientales que forman el contenido del desarrollo sustentable. El nuevo Consejo podría reunirse mucho más regularmente, a lo largo de todo el año, y tendría una secretaría más fuerte.

Ésa es, en todo caso, la propuesta. Sin embargo, algunos otros países prefieren reformar y fortalecer el Consejo Económico y Social (ECOSOC) existente. Estaría bien si se pudiera lograr, pero hay quienes señalan que la reforma del ECOSOC ya lleva varios años, con escasos resultados. Sólo un Consejo totalmente nuevo puede hacer frente a las enormes tareas que asignará la cumbre.

Europa y varios países africanos también quieren mejorar el actual Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) y convertirlo en una agencia especializada -como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)-, con el argumento de que su mandato actual es demasiado débil y de alcance limitado. Pero países como Estados Unidos y Rusia han manifestado su oposición a crear una nueva entidad de las Naciones Unidas, que implicaría más costos.

Varios países en desarrollo querrían también ampliar la autoridad en materia de desarrollo sustentable, y no sólo del ambiente. De manera que el acuerdo final podría ser fortalecer el mandato y la gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), pero no convertirlo en un organismo especializado.

De aquí a junio, estos y otros temas seguirán siendo motivo de acalorados debates.



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