Francesco Filippi (Fundación MUSOL)
Muchas ciudades centroamericanas sorprenden por lo difícil que es transitar en seguridad por sus aceras y acceder a edificios públicos y privados. Desniveles y saltos, aceras estrechas, la falta de rampas, etc. impiden a las personas con movilidad reducida realizar las tareas diarias, afectando su autonomía y su calidad de vida. Esta situación es solo la punta de un iceberg, la punta que nos permite visibilizar una problemática muy amplia. Cuando analizamos la accesibilidad con una mirada integral, nos damos cuenta que las personas con discapacidades sensoriales y de otro tipo experimentan diariamente dificultades para acceder a servicios públicos, para desplazarse en sus barrios y para interactuar con establecimientos públicos y privados, en un contexto que, en general, les ofrece escasas oportunidades de trabajo, de apoyo económico y social y de desarrollo personal.
Servicios públicos, políticas sociales y ciudades diseñadas sin tener en cuenta las necesidades de estos colectivos hacen que las personas con discapacidad sufran una discriminación permanente y que aumenten las probabilidades de que vivan, o sobrevivan, en situación de pobreza y extrema pobreza.
Su escasa capacidad de incidencia política hace que sean pocas las instituciones, singularmente los municipios, en que alcaldes y alcaldesas consideren estos colectivos en el diseño de las políticas locales y el bienestar – o la sobrevivencia - de las personas con discapacidad depende fundamentalmente de organizaciones caritativas privadas.
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